La Lava Jato sigue destapando corruptelas en Brasil, tras cinco años

Vista general durante una sesión de la Corte Suprema, en Brasilia (Brasil). EFE/Archivo

Río de Janeiro, 17 mar (EFE).- Las corruptelas con las que empresarios, políticos y directivos de Petrobras desfalcaron las arcas de Brasil durante casi una década parecen multiplicarse en una pandemia de nunca acabar, una trama desmedida que comenzó a revelarse con la Lava Jato, y que, tras cinco años y 60 etapas después, está lejos de concluir.

Desde que estalló la trama, en 2014, se han cumplido 1.196 mandatos de búsqueda y aprehensión, 227 de conducción cohercitiva y 310 de prisión (entre temporales y preventivas) expedidos por la Justicia Federal contra 267 pessoas, algunas de las cuales siguen prófugas, según datos del Ministerio Público.

La Justicia ya ha dictado sentencia en 50 procesos e impartido 242 condenas contra 155 personas. La suma de las penas totaliza 2.242 años y 5 días.

Además, como parte del operativo también se llevaron a cabo 10 acciones de improbidad administrativa contra 63 personas físicas, 18 empresas y tres partidos políticos (PP, MDB e PSB), requiriendo el pago 18.300 millones de reales (cerca de 4.800 millnes de dólares) a la Justicia.

Asimismo, la Justicia busca recuperar por medio de distintos acuerdos legales unos 13.000 millones de dólares (alrededor de 3.400 millones de dólares), de acuerdo con el Ministerio Público.

Una centena de políticos ha sido salpicada con estas corruptelas, descubiertas por la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, una trama que llega a su quinto año este domingo.

Entre ellos, dos expresidentes: Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), preso por corrupción y lavado de dinero desde abril de 2018, y Fernando Collor (1990-1992), enjuiciado tras haber sido acusado de recibir sobornos para facilitar contratos en una subsidiaria de Petrobras.

Ha sido tal el impacto que ha causado la Lava Jato, que cambió radicalmente el accionar en las instituciones y la forma de pensar de la sociedad brasileña.

Uno de sus más grandes efectos fue el resultado de las elecciones de octubre pasado, que dieron el triunfo al ultraderechista Jair Bolsonaro, un político sin trascendencia en sus 25 años de diputado y miembro de un partido hasta entonces insignificante.

Las revelaciones de la Lava Jato, en la que varios de los implicados fueron dirigentes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), empezando por Lula, generaron una desconfianza generalizada hacia los políticos en Brasil.

A eso se sumó la creciente tasa de desempleo por la profunda crisis económica que tuvo el país durante los años 2015 y 2016, lo que amplió la desconfianza e hizo que la sociedad buscara una respuesta radicalmente diferente.

La operación Lava Jato salió a la luz pública el 17 de marzo de 2014 con la captura de una veintena de personas en 7 estados brasileños.

Las investigaciones revelaron que empresas constructoras pagaban millonarios sobornos para adjudicarse contratos amañados de la petrolera estatal Petrobras.

No obstante, las indagaciones se remontan a julio de 2013, cuando la policía de Curitiba, al sur del Brasil, descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde puestos de lavado automático de autos conocidos como Lava Jato.

De ahí surgió el nombre de la operación más famosa de Brasil, un dispositivo reconocido en el mundo entero y con el que las autoridades nunca imaginaron alcanzar las dimensiones a las que ha llegado.

El éxito -y también el talón de aquiles- de esta operación y todos sus brazos han sido los acuerdos con la justicia, conocidos en Brasil como «denuncias premiadas», una herramienta que ha puesto a «cantar» a varios de los implicados, a cambio de beneficios como la reducción de las penas.

Los más «colaboradores» -tanto en dar nombres como en pagar millonarias multas por sus actos- han sido los directivos de Petrobras y los empresarios, muchos de los cuales cumplen las condenas en sus lujosas mansiones.

Para Michael Mohallem, coordinador del Centro de Justicia y Sociedad de la facultad de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas, esta estrategia ha sido aplaudida por las verdades reveladas, pero también criticada por la forma en que se redujeron las condenas.

«La denuncia premiada es un instrumento muy poderoso para combatir la corrupción, pero creo que la forma en que ha sido utilizado, dando excesiva voz de a los delatores, ha puesto en duda a las instituciones y ha creado desconfianza», explicó a Efe.

Según el académico, es necesario «definir» los límites de esa estrategia y mirar también las «lagunas» que hay en la justicia, para que las condenas sean cada vez más claras.

Actualmente existen vacíos jurídicos para procesos penales, entre los cuales destaca el que tiene a Lula tras las rejas: si una persona condenada en segunda instancia debe ir o no a la cárcel.

La actual jurisprudencia señala que una persona debe empezar a cumplir la condena después de que esta sea ratificada en segunda instancia, algo que la Corte Suprema había ratificado para un caso anterior al de Lula.

No obstante, la ley también dice que hasta que el último recurso no sea agotado, el condenado no está obligado a ir a prisión, herramienta que utilizó la defensa de Lula para presentar un nuevo recurso sobre el que el Supremo aún no se pronuncia.

El caso es que más allá del tiempo que se tome la justicia para aclarar los vacíos, los casos revelados por la Lava Jato continúan y el número de fichas que resta por caer es incierto.

María Angélica Troncoso

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Los «peces gordos» que han sido condenados por la Lava Jato en Brasil

Río de Janeiro, 17 mar (EFE).- La Lava Jato, la operación que destapó el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil, cumple este domingo cinco años con más de 150 condenados, muchos de los cuales cumplen pena en sus casas tras cerrar acuerdos con la justicia.

Las investigaciones revelaron que constructoras pagaban millonarios sobornos para adjudicarse contratos amañados de la petrolera estatal Petrobras que eran repartidos entre empresarios y políticos.

La situación de algunos de los «peces gordos» del mayor escándalo del gigante sudamericano es la siguiente:

. Políticos

– Luiz Inácio Lula da Silva (73 años): expresidente de Brasil (2003-2010) y líder del Partido de los Trabajadores (PT), está preso desde abril de 2018, suma 25 años de cárcel por condenas en dos procesos, ambas por corrupción y lavado de dinero. Se declara inocente por lo que ha firmado acuerdos con la Justicia. Fue condenado por recibir un apartamento y beneficiarse de las obras en una casa de campo que frecuentaba, a cambio de beneficiar a ciertas constructoras en contratos con Petrobras.

– José Dirceu (72 años): exministro de Lula entre 2003 y 2005 y uno de los hombres más cercanos del exmandatario, fue vinculado por las corruptelas de Petrobras en varios procesos. Sus condenas suman 31 años por corrupción pasiva, lavado de dinero y recepción de ventaja indebida. Espera en libertad el juicio de recursos presentados por su defensa.

– Antonio Palocci (58 años): fue ministro de Lula y de la expresidenta Dilma Rousseff. Condenado a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero, desde noviembre de 2018 cumple la pena en su casa tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

– Eduardo Cunha (60 años): expresidente de la Cámara de Diputados por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Conocido por guiar el proceso de destitución de Rousseff y su sustitución por Michel Temer (PMDB), fue condenado a 14 años y 6 meses por corrupción por recibir sobornos en el caso Petrobras y beneficios mientras estaba encarcelado.

– Sergio Cabral (56 años): el exgobernador de Río de Janeiro (2007- 2014) acumula hasta ocho sentencias con condenas que suman cerca 200 años de prisión. Comenzó a ser investigado a partir de un desdoblamiento de la propia Lava Jato que destapó una vasta trama corrupta operando en diferentes sectores de la administración fluminense.

. Directivos de Petrobras

– Paulo Roberto Costa (65 años): director de Suministros de Petrobras entre 2004 y 2012, fue el primer delator de la Lava Jato. Fue condenado a 20 años de prisión por corrupción, lavado de dinero y organización criminal. Estuvo cerca de cinco meses tras las rejas y luego pasó a arresto domiciliario.

– Renato Duque (63 años): director de Servicios de Petrobras entre 2003 y 2012, fue condenado a 73 años y 7 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, de los cuales debe cumplir 5 años en régimen cerrado por haber colaborado con las investigaciones.

– Néstor Cerveró (67 años): director internacional de Petrobras entre 2003 y 2008, fue condenado a 27 años y 4 meses por corrupción y lavado de dinero. Por colaborar con la justicia cumple la sentencia en casa.

– Jorge Zelada (62 años): sucedió a Cerveró en la dirección internacional de Petrobras, cargo en el que estuvo entre 2008 y 2012. Fue condenado a 15 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

. Directivos de constructoras:

– Marcelo Odebrecht (50 años): presidente del Grupo Odebrecht entre 2008 y 2015, una de las mayores empresas de ingeniería y construcción de América y una de las protagonistas de la Lava Jato en Brasil y de otros casos de corrupción en varios países de Latinoamérica. Fue condenado a 19 años y 4 meses de prisión por los delitos de corrupción activa, blanqueo de dinero y asociación criminal, pero solo estuvo dos años y medio en la cárcel y en 2017 pasó a cumplir la pena en su residencia.

– Otávio Márques e Azevedo (67 años): exdirector ejecutivo de la constructora Andrade Gutiérrez, fue condenado en 2016 a 18 años de prisión por los delitos de corrupción activa, lavado de dinero y participación en organización delictiva. Por colaborar con la justicia cumple la pena en su residencia.

– Léo Pinheiro (68 años): expresidente de la constructora OAS y uno de los delatores contra Lula, fue condenado a más de 35 años de prisión por corrupción, lavado de dinero y organización delictiva en varios procesos.

– Dalton Avancini (52 años): expresidente del consejo directivo de la constructora Camargo Correa, fue condenado a 15 años y 2 meses, pena que fue reducida por colaborar con la justicia y que cumple actualmente en su residencia.

. Otros

– Alberto Youssef (51 años): cambista y uno de los primeros protagonistas de la trama. Detenido en marzo de 2014, en la primera operación de la Lava Jato, fue acusado de ser una de las cabezas de una red de lavado de dinero que se convirtió en la punta del iceberg del caso Petrobras. Condenado a 122 años de cárcel por diversos procesos, en noviembre de 2017 pasó a cumplir la pena en su residencia y cuatro meses después quedó en libertad por colaborar con la Justicia.

– Joao Santana (66 años): publicista que trabajó en las campañas presidenciales de Lula y Rousseff. Fue condenado a 8 años por lavado de dinero, la misma sentencia que le fue dictada a su esposa, Monica Moura. Ambos cumplen la pena en prisión domiciliaria. Considerados unos gurús de la publicidad, ayudaron a elegir a seis presidentes en Latinoamérica, varios de los cuales fueron salpicados por escándalos de corrupción con Odebrecht.